El ciudadano José Roberto Cajiao Falla encendió las alarmas institucionales al interponer un Derecho de Petición por la polémica intervención urbanística en el Parque de la Valvanera. La controversia escaló hasta las instancias departamentales y nacionales, donde defensores del patrimonio histórico y fieles católicos buscan frenar la instalación de módulos comerciales adyacentes al emblemático templo laboyano.
Ante la gravedad de las denuncias ciudadanas, el Ministerio de las Culturas emitió el radicado definitivo MC23777E2026 para evaluar la legalidad del proyecto. La cartera nacional aclaró detalladamente que Pitalito no registra Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional. No obstante, advirtió firmemente que cualquier exclusión de bienes en las actualizaciones del ordenamiento territorial sin la revocatoria legal establecida está completamente viciada de nulidad.
El pronunciamiento del ministerio especifica de manera contundente que todo bien incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial municipal previo a la Ley 1185 de 2008 mantiene protección legal. Estas estructuras territoriales deben ser cobijadas por el Régimen Especial de Protección de carácter municipal. Por tal razón, el ente ministerial trasladó la solicitud directamente a la alcaldía para que asuma sus competencias legales.
Maqueta conceptual – Parque del Café (estudio de construcción).
Simultáneamente, la Honorable Asamblea Departamental del Huila tomó cartas en el asunto mediante el Oficio de Presidencia número 2026-CO-E-PAD-87. La corporación analizó con absoluto rigor jurídico los fundamentos normativos invocados por el peticionario, concluyendo que la histórica Ordenanza Número 007 de 1992 ampara únicamente el inmueble de la iglesia antigua. Dicha norma no extiende la protección al espacio público del parque.
Maqueta conceptual – Calle del Café (estudio de construcción).
A pesar de las limitaciones de la ordenanza regional, la mesa directiva de la corporación departamental anunció acciones inmediatas en defensa de la legalidad administrativa. El presidente Edwin Harvey Barajas Hernández confirmó que compulsará copias del expediente ante la Procuraduría Regional del Huila. La medida busca que la entidad investigue una presunta desviación de poder en las actuaciones de la alcaldía local.
Además del control disciplinario, la asamblea remitió el caso con carácter urgente ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. El propósito fundamental es que la autoridad ambiental examine detalladamente la tala de árboles efectuada en la plaza pública. Asimismo, los diputados evaluarán la apertura de un debate de control político para verificar rigurosamente el cumplimiento de las normativas de conservación patrimonial.
Se resalta la importancia de defender la memoria histórica y los entornos tradicionales frente a la mercantilización del espacio público. Los veedores comunitarios insisten en que la justicia y la verdad saldrán a la luz, amparados en normas nacionales y el plan local. La ciudadanía permanece vigilante esperando que las autoridades respeten los linderos antiguos y la fe de la comunidad laboyana.
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