La historia de Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años, ha puesto en el centro del debate nacional el derecho a morir dignamente bajo una modalidad distinta a la eutanasia. Tras padecer trastornos mentales severos durante más de la mitad de su vida, la joven busca que el sistema de salud le permita acceder al suicidio médicamente asistido, un procedimiento donde ella misma administraría el fármaco bajo supervisión profesional.
Catalina describe su realidad como un “infierno” físico y emocional, marcado por un vacío constante y una angustia que no ha cedido ante múltiples terapias u hospitalizaciones. En su relato, explica que su petición es un acto de amor hacia sí misma y su familia, buscando evitar un desenlace traumático o clandestino. Pese al dolor que implica, su madre y hermana han decidido acompañarla en este difícil proceso legal iniciado en 2025.
Sin embargo, el camino institucional ha sido complejo tras la negativa de su EPS, que argumenta falta de normatividad operativa para este procedimiento específico. Aunque un juez sugirió que Catalina podría optar por la eutanasia tradicional, ella insiste en mantener la autonomía del acto final. Esta distinción técnica es el núcleo de su lucha, la cual pretende que el Estado reconozca la libertad del paciente para decidir sobre su propio cuerpo.
Actualmente, el caso se encamina hacia la Corte Constitucional, tribunal que tendría la responsabilidad de fijar un precedente sobre el suicidio asistido en pacientes con padecimientos mentales. Mientras la justicia delibera, Catalina sostiene que su clamor es una petición de ayuda ante un cansancio existencial profundo. El país observa con atención este proceso que podría transformar profundamente la legislación sobre el final de la vida y la salud mental.
